Firman Proyectos de Ley Relacionados con Armas de Fuego en Colorado

Recientemente Jared Polis, gobernador de Colorado, anunció cuatro proyectos de ley dirigidos a la vigilancia y control de las armas de fuego y que ayudarían, según sus defensores, a reducir los índices de eventos violentos que se hacen frecuentes en todo el país.

No bien promulgados los documentos, refieren medios oficiales, ya grupos pro armas demandaron al gobernador para que no se llevaran a fin dos de ellas.

Una propone que la edad autorizada legalmente para adquirir armas en ese estado sería a los 21 años y la otra instituye tres jornadas entre la compra y la entrega al cliente del arma.

Estas, y las dos restantes, conforman un paquete cuyos propósitos se dirigen a prevenir sucesos violentos con armas, disminuir las cifras de suicidios entre los jóvenes y crear pautas para las víctimas de este tipo de eventos.

Con las legislaciones que se proponen, la industria de las armas quedaría al alcance de demandas impuestas por las víctimas de esos desenlaces.

Polis declaró que las escuelas, los clubes nocturnos y tiendas merecen seguridad para que los ciudadanos estén a salvo.

Acompañado de activistas que exigen medidas, de estudiantes de un centro educativo que recientemente enfrentó una situación de este tipo y por los padres de una víctima, Polis promulgó los proyectos desde su oficina.

Refieren algunos medios que los presentes apoyaron de manera unánime la firma de las propuestas porque es un paso en la lucha para la protección de la ciudadanía en un estado que ha sido prolífico en delitos de esta clase.

Miembros del partido republicano se manifestaron en desacuerdo porque constituyen, alegan, una violación a la Segunda Enmienda y una impedimenta para que los ciudadanos del estado puedan mantenerse protegidos.

¿Qué proponen los Proyectos de Ley?

El HB23-1219 es el primer proyecto y propone establecer la espera de tres días hábiles entre la compra y la entrega de un arma a los clientes que la adquieran.

De incumplir el tiempo establecido se impondría una multa de 500 dólares a la primera infracción y de 5.000 a los reincidentes.

El SB23-168, segundo proyecto, busca la eliminación de los registros de los fabricantes y exigiría a los integrantes de la industria que se dedican a comercializar, fabricar, distribuir o vender al por mayor o en pequeñas cantidades de armas en la región, aplicar controles y precauciones relacionadas con el producto.

El SB23-169, el tercer proyecto, incrementa el rango de edad para adquirirlas. La adquisición legal de armamento ocurriría legalmente a partir de los 21 años.

Adquirirlas antes de esa edad constituiría un delito menor de segunda clase y a posteriores reincidencias pasaría a considerarse delito grave clase 5.

Quienes asistan a cursos de seguridad, competiciones o de educación de cazadores y prácticas con autorización, estarán exentos de las medidas.

Otros excluidos serían los menores de 21 años, residentes en el estado y activos de las fuerzas armadas o quienes participen en clases bajo la supervisión de un mayor de 25 años que sea instructor con permiso para la educación de cazadores o de entrenamiento.

El cuarto proyecto, identificado SC23-170 sería una extensión de la ley de bandera roja que permite la petición de protección al encontrarse bajo riesgo extremo.

Podrán solicitar la orden los educadores con licencia, fiscales de distrito, los trabajadores de salud con licencia, así como los proveedores de atención médica con licencia.

También se incluyen los familiares de los citados anteriormente, los encargados de hacer cumplir la legislación y quienes antes lo tenían permitido.

Bajo este último proyecto la oficina estatal de prevención de la violencia armada proporciona fondos para operaciones educativas relacionadas con el tema de la obtención de dichas órdenes y del establecimiento de un canal telefónico estatal para recibir llamadas.