Texas aprobó un nuevo proyecto de ley que endurecerá el tratamiento a migrantes ilegales que accedan a ese estado estadounidense.
Recientemente el congreso de Texas aprobó el SB4, considerado uno de los más estrictos y controversiales que hayan sido impulsados hasta el momento.
La legislación, que aún requiere la firma del gobernador Greg Abbot para entrar en vigor, otorga ciertas facultades al cuerpo policial, ya sea estatal o local en el tratamiento a migrantes y su estatus migratorio.
El SB4 dice que la entrada sin autorización desde un país extranjero a Texas constituirá un delito estatal.
En la primera infracción se clasificará de tipo B, pero aumentaría a grave al considerar los antecedentes penales del migrante entre los que se sumaría a la consideración si fue condenado por algún cargo de ingreso ilegal anteriormente.
Un juez o magistrado del estado podría indicar al migrante su regreso a algún puerto de entrada tras corroborar su permanencia ilegal en el territorio, comprobación basada en la identidad personal y la información existente en bases de datos estatales y federales.
La propuesta provocó un amplio debate entre los demócratas de la Cámara de Representantes de Texas.
Han calificado la medida como invasiva, controversial, inconstitucional e incitadora a la discriminación entre la propia comunidad migrante, que podría ver afectados sus derechos de asilo.
Los demócratas también dijeron que resulta contradictoria a lo establecido, pues la aplicación de las leyes migratorias son responsabilidad fundamentalmente del gobierno federal.
Por otra parte, propusieron enmiendas para prohibir la aplicación del proyecto en campus universitarios, no aplicarlo a menores de edad, reducir las penas a quienes se hayan encarcelado por esta causa, entre otras medidas, pero ninguna fue aceptada.
En la cuarta sesión extraordinaria convocada de la Legislatura de Texas se aprobó además otra medida que agregaría un millón y medio de dólares al presupuesto estatal para colocar barreras físicas en la frontera con México.
Esta ha sido una estrategia utilizada por el gobierno local para abordar la crisis migratoria por la cual Abbot culpa a la actual administración.
Un ejemplo claro fue el muro flotante de boyas naranja por las cuales se han producido contradicciones y desafíos legales entre la administración del país y el gobierno estatal.
Un aviso oficial emitido a la comunidad migrante indicó algunas recomendaciones para protegerse de la actuación de la policía si es aprobado el proyecto.
Entre las indicaciones se encuentra el guardar silencio, no firmar algún documento que no entienda, no contestar preguntas sobre el estatus migratorio, solicitar un abogado y si es retenido por más tiempo del establecido, exigir representación legal.
Conocida por su habilidad para dar vida a las historias a través de palabras poderosas, Maria Fernanda Guzmán es una redactora veterana en nuestro blog. Ha cubierto desde eventos políticos significativos hasta innovaciones tecnológicas revolucionarias, siempre manteniendo un enfoque humano y cercano. Sus artículos siempre buscan dejar una huella en sus lectores.