Recientemente un juez retrasó la puesta en vigor de una legislación sobre el aborto.
Se trata de la decisión de un juez en Utah quien vetó la ley que prohibe la eliminación de las licencias a clínicas de aborto, medida que se establecería el miércoles.
El magistrado Andrew Stone permitió con su fallo que las 4 clínicas que practican el procedimiento en el estado, lo continúen realizando.
Stone impidió con su negativa a que Utah se uniese a otros estados en los cuales se ha vetado a las clínicas de aborto, entre ellas Dakota del Norte, Mississippi y Virginia Occidental.
Al anunciar su fallo dijo que Planned Parenthood había aportado pruebas de que las clínicas serían vetadas sin razón. “No hay nada ante la corte que indique que una orden judicial sería adversa al interés público”, dijo el magistrado.
Acordó así retrasar la implementación de la prohibición de las licencias a las clínicas, proceso que seguirá su curso legal.
Planned Parenthood dijo que se había promulgado la ley porque más del 90% de los abortos se realizan precisamente en clínicas y hospitales.
También se refirió a la atención de bajo costo que incluye la píldora abortiva y a la falta de equipamiento en los centros médicos.
Dijo además que el gobernador del estado Spencer Cox y los legisladores estatales propusieron la ley para esquivar el sistema de justicia mientras evalúan otras prohibiciones relacionadas con el aborto.
Para Sarah Stoesz, presidenta y directora ejecutiva de esta filial en Utah, la decisión permite a las clínicas seguir practicando el procedimiento “a nuestros pacientes, quienes durante meses han vivido en un estado de caos y confusión por el impacto de esta ley en sus vidas”.
La representante expresó que H.B. 467 es una restricción que amenazaría a las féminas y sus familias.
Añadió que MEDIA PENSIÓN. 467 forzaría a centros sanitarios que responden a la organización y a otros a desamparar a quienes buscan un proceder legal que necesitan y que ellos pueden asumir.
En su opinión los políticos siguen tratando de entrometerse en los procesos judiciales, hecho que constituye una amenaza a la salud y a los derechos civiles de los ciudadanos.
Este sería uno de los intentos para determinar las normas de acceso al aborto en el estado, tras la decisión de la Corte Suprema que anuló el caso Roe v. Wade el pasado año.
Esta anulación implicó la instauración en 2019 y 2020 de dos leyes relacionadas con el aborto.
La primera lo prohibía después de las 18 semanas y la segunda lo vetaba por completo más allá del tiempo de gestación y solo con algunas excepciones.
Planned Parenthood presentó una demanda por la segunda y a mediados del año pasado el propio juez Stone retrasó su implementación mientras se buscaban soluciones legales.
En Utah, por ende, abortar sigue siendo lícito hasta las 18 semanas de embarazo.
Ahora el veto a las clínicas de aborto en ese estado pretendía impedir las licencias a nuevas instalaciones y eliminaría las que estuviesen en vigor hasta 2024.
Graduada en Periodismo, especializada en temas de actualidad de Estados Unidos