La administración Biden impulsa mecanismos que buscan garantizar el acceso a la salud mental, por lo que se buscan acciones para hacer efectiva la Ley de Paridad de Salud Mental y Equidad en Adicción.
Varias medidas se dirigen hacia el estricto cumplimiento de esta ley, aprobada en 2008 y muchas veces evadida por las aseguradoras médicas.
La regla propuesta recientemente por los departamentos de Salud y Servicios Humanos, Trabajo y Hacienda garantiza un mismo nivel de cobertura a quienes requieren servicios de salud mental y por abuso de sustancias, en igualdad de condiciones que con otras enfermedades.
La ley, que cuenta con varios años, indica que los planes de seguro médico deben cubrir estas áreas, sin embargo, algo muy diferente sucede.
Las aseguradoras no ofrecen el mismo nivel de cobertura para cubrir estos servicios como con otras enfermedades, evadiendo así lo legislado y poniendo trabas a quienes demandan atención especializada de salud mental.
Neera Tanden, asesora de política interna de la Casa Blanca, dijo que, como consecuencias del incumplimiento de la ley, se ocasionan gastos extras a los pacientes que ya han pagado un seguro médico, algo que no se debe permitir.
En esto incide que los planes no ofrecen la cantidad suficiente de terapeutas en la red y esto obliga a quienes requieren ayuda a buscar por fuera y pagar más.
Está el hecho de que muchas veces las aseguradoras niegan el permiso para acceder a estos servicios o rechazan sus solicitudes y entonces los pacientes deben facturar otras vías teniendo un seguro médico que debería cubrirlos.
Este tema resulta de vital importancia en la actualidad cuando, según los datos oficiales, 58 millones de personas en el país viven con alguna enfermedad mental.
La estadística confirma que las afecciones de este tipo alcanzan a 1 de cada 5 ciudadanos estadounidenses.
Los resultados de una encuesta realizada a cerca de 3.000 pacientes recientemente confirmaron que aquellos que poseen seguro médico encuentran más dificultades para acceder a los servicios de salud mental que con otras enfermedades.
Según NORC, encargada de aplicar este instrumento publicado en julio, aproximadamente el 40 % de quienes tienen un seguro a través de su empleador se vieron obligados a buscar otras vías de atención.
Esas soluciones a problemas de salud mental o tratamientos por abuso de sustancias fuera de sus aseguradoras siempre fueron más costosas.
Este 40 % es muy elevado frente a sólo el 15% que buscó ayuda por fuera de su seguro médico por problemas físicos y no mentales o por adicción.
En la encuesta, más del 50 % confirmó que les fue negada la solicitud de cobertura para estos servicios frente al 33 % que le fue negado por enfermedades físicas.
Aproximadamente el 60 % de los participantes en el instrumento no recibió atención, al menos en una instancia, cuando buscaron ayuda.
Tomando en cuenta las irregularidades en la aplicación de la ley, las normas impulsadas por el gobierno ahora evaluarán cuánto afectan a los pacientes las erróneas políticas de cobertura.
Las aseguradoras tendrían que, entre otras acciones, adicionar más personal especializado si se detecta que, con frecuencia, los pacientes buscan atención fuera de la misma.
Se otorgó un lapso de tiempo de 60 días para recibir comentarios sobre la propuesta.
Conocida por su habilidad para dar vida a las historias a través de palabras poderosas, Maria Fernanda Guzmán es una redactora veterana en nuestro blog. Ha cubierto desde eventos políticos significativos hasta innovaciones tecnológicas revolucionarias, siempre manteniendo un enfoque humano y cercano. Sus artículos siempre buscan dejar una huella en sus lectores.