Nueva York Acuerda Indemnizar a Manifestantes de Justicia Racial de 2020

La ciudad de Nueva York pactó el pago de una cifra millonaria como forma de indemnizar a los manifestantes de las protestas raciales que se llevaron a cabo en el 2020.

El acuerdo resolvería la demanda por derechos civiles que establecieron cerca de 1.300 personas participantes en las protestas y que fueron golpeadas y arrestadas por el cuerpo policial de la ciudad.

Unos 13 millones de dólares sería la suma total a pagar a los indemnizados, quienes serían compensados con 9.950 dólares, si el juez de la corte de Manhattan aprueba el acuerdo.

Con la negociación, la ciudad evitaría un juicio sumamente costoso y que sumaría tensiones políticas. Sería el mayor pago efectuado por protestas raciales en la historia de la ciudad.

Serán excluidos de este pago los arrestados por destrucción de la propiedad, allanamiento de morada, posesión de armas, provocación de incendios o agresión a un agente.

Podrían no calificar para recibir la indemnización los que fuesen captados por videos en acciones para impedir a los agentes efectuar los arrestos.

En el verano de 2020, la policía de Nueva York había utilizado la táctica de control Kettling para controlar las protestas sociales tras la muerte de George Floyd en Minneapolis.

Esta técnica incluye el acorralamiento de los manifestantes a espacios reducidos utilizando las porras y el gas pimienta, para luego proceder a los arrestos.

En el caso de Nueva York los abogados del Sindicato Nacional de Abogados que tuvieron a cargo la representación de los demandantes alegaron que sus defendidos habían sido privados de los derechos establecidos en la Primera Enmienda.

Una denuncia fue impuesta contra Bill de Blasio, exalcalde, Dermont Shea, comisionado ya retirado de la policía de Nueva York, Dermot Shea y contra otros líderes del departamento. Los cargos incluyeron arrestos ilícitos y brutalidad indiscriminada.

Durante los más de dos años que ha durado el litigio, los abogados que representan a la ciudad alegaron que la policía respondió a hechos que no tenían precedentes en medio de una caótica situación.

En sus argumentos incluyeron que los agentes habían sido atacados con botellas de plástico, piedras y que algunos vehículos de la policía fueron incendiados por los manifestantes.

Por ello, la ciudad pidió el amparo legal de los agentes bajo la doctrina de inmunidad calificada con la cual se les protegería de las demandas por acciones realizadas en el cumplimiento de su trabajo.

También estuvieron de acuerdo con el arresto de los observadores legales y de los profesionales de la salud como parte de los derechos del departamento.

Por otra parte, los defensores de los demandantes alegaron otras violaciones de la policía local en eventos anteriores.

Dijeron que no se mostró durante el período una intención de permitir a las personas sus derechos de protesta ante cualquier injusticia.

Pero el acuerdo de conciliación estableció que ni la policía, ni la ciudad estarían obligadas a admitir irregularidades en el desempeño de sus labores.

Letitia James, fiscal general de Nueva York pidió una medida cautelar que propone un monitor federal que supervise las protestas por parte del cuerpo policial.

Contrario a otras demandas establecidas por las protestas de Black Lives Matters en 2020, esta demanda colectiva no estaba dirigida al cambio de tácticas del departamento.

A principios de 2023, otro acuerdo derivado de una demanda colectiva anunció el otorgamiento de 21.500 dólares a los arrestados en protestas en el Bronx.

Incluyendo los honorarios legales, el pago totalizaría cerca de 10 millones de dólares.

Brad Lander, contralor de Nueva York informó que más de 600 personas habían presentado demandas individuales relacionadas con estos mismos hechos contra la ciudad de Nueva York.

Hasta el momento casi 12 millones de dólares ha pagado la ciudad a cerca de la mitad de estas personas en acuerdos o resoluciones.

Otras ciudades estadounidenses también se encuentran en medio de negociaciones para indemnizar a otros manifestantes que se sumaron a las protestas raciales por brutalidad policial tras la muerte de George Floyd.

En ese período más de 10.000 personas fueron arrestadas en todo el país.