Jueza Aileen Cannon Bajo Escrutinio Público por Proceso contra Donald Trump

La jueza encargada de procesar a Donald Trump se encuentra bajo el escrutinio público ante la responsabilidad de presidir un juicio que podría marcar la primera vez que un expresidente fuese condenado en los Estados Unidos.

Aileen Cannon, jueza federal de distrito, evidenciará cómo pretende manejar los procedimientos de información clasificada en una conferencia este martes.

Podrían vislumbrarse entonces los caminos que tomará este proceso y en el cual Cannon enfrenta el desafío de programar un juicio en medio de una campaña presidencial.

Está además la solicitud realizada recientemente por los abogados de Trump, de postergar la fecha de las vistas jurídicas y se suma otra que sitúa a Cannon en el centro de las miradas.

En 2022 emitió un fallo para permitir que un especialista revisara de forma independiente los documentos clasificados que el FBI encontró en Mar-a-Lago, residencia particular del expresidente.

Ante tal fallo, un panel conformado por tres jueces revocó la orden, alegando que Canon no tenía poder legal para tomar esa decisión.

Su fallo a favor de la demanda presentada por Trump contra el Departamento de Justicia hizo que las críticas de expertos en la legislación no se hicieran esperar.

Su posición, según los expertos legales, parecía preferencial hacia Trump.

Otro de los aspectos que la hace más notoria para llevar un proceso legal histórico en la nación es su poca experiencia como jueza en asuntos que tocan la seguridad nacional.

Cannon fue nombrada por Trump para desempeñar su cargo hace tres años y este es un asunto delicado y peliagudo, que se presta a múltiples interpretaciones según afirman los abogados.

A pesar de ello, los abogados de la Florida la apoyaron alegando que es totalmente consciente de la importancia del proceso que ya muchos catalogan como el más explosivo en la historia política reciente del país.

Kendal Coffey, ex fiscal federal en Miami expresó su confianza en Cannon, dijo que ella supervisaría el caso justamente y añadió: “Creo que va a querer ser muy bien considerada por su liderazgo judicial en este caso”.

Jeffrey Garland, abogado defensor penal de la Florida donde está ubicada la sala de tribunal de la jueza, tuvo palabras de elogio para ella por su trabajo durante el procesamiento en 2022 de un individuo que había arrojado una silla a un fiscal federal.

“Pudo mantener la dignidad de la corte y la compostura en la sala del tribunal, y pudo expresar control de una manera que no era amenazante”, expresó Garland.

Dijo que ante un caso especial como este no esperaba menos porque a su parecer, ella sabe como juez federal sus obligaciones.

Pero siempre regresa la sombra que a la vez la hizo visible. Su fallo de septiembre pasado a favor de la demanda del expresidente obstaculizó algunos aspectos puntuales de la investigación encabezada por el Departamento de Justicia.

Cuando el tribunal de apelaciones revocó la orden de la jueza alegó que permitir que se dejara vigente su decisión previa habría limitado la participación de los tribunales federales en las investigaciones penales.

En el actual proceso donde regirá como jueza, podrá emitir fallos que admitirían qué pruebas podrían utilizarse y cuáles no. 

También pesa sobre sus hombros decidir si el juicio se realizará este año como estaba previsto o si accederá a la petición de los abogados de Trump quienes solicitaron retrasar el proceso hasta el 2024 cuando concluyan las elecciones.

Cannon había fijado una fecha para el proceso y descartó la solicitud presentada por el Departamento de Justicia que pedía la solicitud de los fiscales de una lista de testigos con los Trump no podría discutir su caso.

Tanto los fiscales como los representantes del expresidente no aceptan la fecha prevista para el juicio.

Por un lado, el Departamento de Justicia propuso el 11 de diciembre y por el otro, los abogados defensores insisten en la convocatoria tras el fin de las elecciones.

La conferencia de estado anunciada para el martes indicaría de qué forma se manejaría la información clasificada y apuntaría el camino que tomará el proceso.

Cabe recordar que la conferencia debe responder a lo establecido para los efectos de la Ley de Procedimientos de Información Clasificada de 1980.

La legislación busca equilibrar los derechos del acusado para poder acceder a las pruebas que utilizarían los fiscales durante el juicio, una herramienta gubernamental para proteger la información clasificada.

Para Richard Serafini, abogado defensor penal de Florida, la falta de experiencia de la jueza no resulta un punto perjudicial para el proceso.

Dijo que no es un asunto trivial o una acusación frecuente en cortes, pero que tampoco es un hecho que nunca haya sucedido.

Existen precedentes sobre el tema y más allá de los criterios, pesa sobre Cannon la responsabilidad de juzgar con todas las miradas sobre ella.