La Corte Suprema de los Estados Unidos rechazó el 22 de junio la demanda de Texas y Luisiana para bloquear una medida migratoria presentada por la administración de Joe Biden.
En una decisión de 8-1, la Corte indicó que ni Texas ni Luisiana tienen el derecho legal o las bases para desafiar las guías federales para priorizar cuáles inmigrantes deportar.
La demanda data de hace dos años, cuando los estados demandaron al gobierno detener un grupo de lineamientos descritos en un memo del Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, hecho público en 2021.
El memorándum señalaba que dada la cantidad de migrantes indocumentados y no ciudadanos que podrían ser deportados fuera de Estados Unidos (11 millones en ese momento), el gobierno no contaba con los recursos suficientes para procesarlos a todos.
Por tal motivo, Mayorkas indicaba priorizar la deportación de migrantes que representaran riesgos públicos, fronterizos o de seguridad nacional.
Así, la guía para la aplicación de la política migratoria debería sopesar diversos agravantes a la hora de procesar a un no ciudadano, como el uso de armas, y varios mitigantes como la edad.
Tras hacerse público el memorándum, el Procurador General de Texas, Judd Stone, presentó una solicitud de bloqueo a la Corte en nombre de Texas y Luisiana.
De acuerdo con Stone, el gobierno federal carecía de la autoridad para aplicar las guías y su ejecución estaría en discrepancia con las leyes federales vigentes.
En respuesta, una corte de distrito bloqueó la legislación y esta ha estado sin efecto desde que la administración solicitó una apelación negada en su momento y la posterior llegada del caso a la Corte Suprema.
Ahora, los magistrados señalaron que la demanda de ambos estados es inusual debido al acercamiento tradicionalmente discrecional que han tenido las administraciones en este tipo de políticas.
El magistrado Brett Kavanaugh explicó que “quieren que una corte federal solicite a la Rama Ejecutiva que altere sus políticas de arrestos para incrementar los arrestos. Las cortes federales no suelen lidiar con este tipo de demandas ni existen precedentes en el país”.
Kavanaugh añadió que, de aceptar la demanda, el precedente existiría y otros estados podrían abrir sus propias demandas en cada ocasión en que no estuvieran de acuerdo con regulaciones federales de este tipo.
Por su parte, la Procuradora General de Estados Unidos, Elizabeth Prelogar, destacó que aceptar la demanda de los estados habría creado un sistema de arrestos y deportación confuso y enrevesado que dificultaría su aplicación real.
Aunque la Corte no abordó si la administración cuenta o no con la autoridad para tomar la medida, sí recordó que en las últimas cinco presidencias se han priorizado arrestos específicos para optimizar los fondos dedicados al procesamiento de indocumentados.
La única opinión contraria a la decisión de la Corte fue la del magistrado Samuel Alito, quien cuestionó las posibles consecuencias de permitir la aplicación de medidas ejecutivas en confrontación con el Congreso.
Esta es la segunda demanda contra una política federal que es bloqueada en la última semana y una victoria para la administración de Biden, cuyos esfuerzos por solventar la crisis migratoria no han sido bien recibidos por los estados fronterizos.
Conocida por su habilidad para dar vida a las historias a través de palabras poderosas, Maria Fernanda Guzmán es una redactora veterana en nuestro blog. Ha cubierto desde eventos políticos significativos hasta innovaciones tecnológicas revolucionarias, siempre manteniendo un enfoque humano y cercano. Sus artículos siempre buscan dejar una huella en sus lectores.
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