Una ley antiaborto en Carolina del Sur fue detenida temporalmente por un juez federal poco después de haber sido aprobada oficialmente por el gobernador del estado.
Según dio a conocer el Juez Clifton Newman, la ley, firmada por el gobernador Henry McMaster tan solo 24 horas antes, deberá ser revisada por la Corte Suprema estatal antes de ser aplicada.
La norma en pausa bloquea la mayoría de los abortos a partir de las 6 semanas y con la decisión del juez, el estado regresa temporalmente a prohibirlos a partir de 20 semanas.
El dilema legal que sucede en el estado está relacionado con una legislación previa, firmada en 2021, que prohibía los abortos tras la detección de latidos en el feto.
La nueva ley aprobada por McMaster reinterpreta el texto de la anterior sobre la base de que aquella violaba el derecho constitucional a la privacidad.
Dicha cláusula en la constitución permite que las mujeres tengan tiempo para determinar si realizarán o no un aborto y el límite de 6 semanas de la ley aplicaría incluso para las que en ese tiempo aún no sepan si están embarazadas.
Varios movimientos en la composición de la Asamblea General de Carolina del Sur terminaron en cambios dirigidos a lograr la votación favorable de nuevos miembros, en especial del abogado John Few.
Few señaló inconsistencias en la redacción de la ley previa, aunque la oficina del Fiscal General del estado afirmó que la nueva ley enmendaba varios de los errores detectados por los abogados.
Para su ejecución, un juez de corte menor como Newman debería haberla aprobado, pero el juez consideró que “el statu quo debe mantenerse hasta que la Corte Suprema revise su decisión”.
La ley llega además en un periodo complicado a nivel nacional tras la eliminación de Roe vs Wade, que dejó a decisión de los estados las medidas relacionadas con el aborto.
No solo Carolina del Sur, sino Florida, Arkansas y Carolina del Norte están en proceso de revisión de leyes similares.
Antes de la aprobación de la ley en Carolina del Sur el número de abortos al mes se había triplicado y al menos la mitad de ellos se efectuaba en residentes de otros estados.
Por tal motivo, Planned Parenthood presentó una demanda para detener la legislación en cuanto fue firmada y la decisión judicial da margen a la entidad para llevarla a término.
La abogada de la organización, Kathleen McDaniel, señaló que casi 75 mujeres con citas próximas para abortos estarían violando la ley instantáneamente si la ley se lleva a efecto.
Los doctores y los hospitales también se verían afectados, agregó McDaniel, pues cambiaría su protocolo ante emergencias.
Además, la abogada añadió que muchas citas han sido canceladas de último minuto y los doctores se han visto obligados a revisar la legislación apresuradamente, por lo que una revisión de la Corte Suprema sería necesaria.
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