Recientemente el Departamento de Justicia de los Estados Unidos informó la presentación de una demanda civil contra la compañía SpaceX.
La demanda se basa en presuntas violaciones a la Ley de Inmigración y Nacionalidad cometidas por la empresa entre septiembre de 2018 y mayo de 2022.
Según el recurso legal, la compañía aparentemente violó la legislación al disuadir a asilados y refugiados de solicitar empleos y se negó a contratarlos o considerarlos.
Las supuestas prácticas discriminatorias de la empresa aeroespacial propiedad de Elon Musk contra estas personas que viven en el país constituyen una violación de lo establecido.
El departamento sostiene que tanto el CEO de la empresa como otros líderes que la representan dijeron que no podían contratar a no ciudadanos estadounidenses o titulares de una tarjeta verde.
También dijo que las leyes de control de exportaciones bajo ITAR y las Regulaciones de Administración de Exportaciones (EAR) no aplican para esas prohibiciones.
Por estas razones, en mayo de 2020 la Sección de Derechos de Inmigrantes y Empleados del Departamento de Justicia abrió una investigación sobre la compañía.
En la demanda se cita un video del 2026 en el cual Musk afirmó que “una visa de trabajo normal es insuficiente para trabajar en SpaceX a menos que la compañía pueda obtener un permiso especial del Secretario de Defensa o del Secretario de Estado”.
Se cita además otra publicación de 2020 realizada igualmente por el CEO pero en la red social X anteriormente Twitter donde afirmó que “la ley estadounidense requiere al menos una tarjeta verde para ser contratado en SpaceX, ya que los cohetes son tecnología de armas avanzada”.
En el período mencionado las solicitudes de empleo de SpaceX pedían a los posibles candidatos identificar su estatus legal con opciones de marcaje.
Entre las opciones se contemplaban las de estadounidense; ciudadano o nacional de los Estados Unidos, residente permanente legal en el país, refugiado bajo 8 USC 1157, asilado bajo 8 USC 1158 u otros.
La demanda dijo que los gerentes de contratación y reclutadores de la compañía supuestamente habían rechazado a ciertos candidatos que aparecían como refugiados o asilados, con códigos de rechazo como no autorizado para trabajar/ITAR no elegible.
Incluso con este código se rechazó a un aspirante asilado con casi diez años de experiencia notable en ingeniería y graduado en la Universidad Tecnológica de Georgia, acotó el recurso legal.
Datos oficiales de la compañía confirmaron que en ese lapso de tiempo de 10.000 empleados solo uno era asilado y que precisamente fue contratado cuatro meses después de que el departamento iniciara la investigación.
La instancia solicita a un juez federal ordenar a SpaceX que cese sus prácticas y que implemente otras más justas y con pagos en retroactivo a quienes les fue negado el empleo.
También solicitó sanciones monetarias civiles que serían determinadas por el tribunal.
Conocida por su habilidad para dar vida a las historias a través de palabras poderosas, Maria Fernanda Guzmán es una redactora veterana en nuestro blog. Ha cubierto desde eventos políticos significativos hasta innovaciones tecnológicas revolucionarias, siempre manteniendo un enfoque humano y cercano. Sus artículos siempre buscan dejar una huella en sus lectores.
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